Por: Víctor Galindo “Vigaro”

Así ha quedado demostrado recientemente, al otorgarle personalidad jurídica a una federación “a modo” del ejecutivo estatal, denominada Sindicatos autónomos Federados (SAFE), cuyo procedimiento para obtener dicho reconocimiento, fue manipulado, a decir de la Federación de Sindicatos de Jalisco, en rueda de prensa, expusieron las irregularidades cometidas para que este apéndice oficialista, se reconociera como el mayoritario en la entidad, lo cual es totalmente falso.

Así lo dieron a conocer, el secretario de organización de la FSJ, Prof. Ricardo Nápoles Zepeda y el Secretario General de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes e los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana (CONFEPIDER) a través de un comunicado, en el que se desconoce a dicha federación SAFE, por no gozar de esta condicionante.

En el documento se refiere que, recientemente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón realizó un recuento a efecto de verificar cuál era la federación  (de siete existentes) en el Estado de Jalisco, que contaba con mayor número de miembros.

Lo que a decir de la FSJ, fue realizado sin transparentar el proceso, de manera obscura y sin llamar a cada una de las federaciones antes señaladas, además de que el Tribunal sumó al SAFE, una de las secciones de trabajadores del sector Salud, la sección 28 Jalisco (de carácter federal) y que pertenecen a la Federación Nacional denominada FTESE.

Los actores de esta simulación perpetrada por el Tribunal, son tres magistrados (incondicionales), que lejos de representar a la ciudadanía, son artífices de sus grupos fácticos, quienes les nombraron para ejercer dichos cargos, por una parte el Gobierno del estado y por el otro, el Grupo Universidad.

Como consecuencia, el otorgamiento de dicha titularidad al SAFE, le permitirá a esta organización apócrifa, poder designar al magistrado “representante” de los trabajadores, así mismo, ocupar un lugar en el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), creando con ello un conflicto de intereses, al contar con un representante incondicional a estos grupos y a sus propios intereses.

Situación que repercutiría, aún más, en el ya saqueado IPEJAL; el mismo documento advierte la urgencia de que el ejecutivo estatal se sensibilice por el grave riesgo que corre este instituto de colapsar, de recapacitar y que no forme parte de esta corrupción, en donde las partes involucradas deben sacar sus manos de los procesos laborales y de las organizaciones sindicales que si son democráticas, y que además son la expresión libre de los trabajadores.

Según la FSJ y la CONFEPIDER, urge una reforma en la ley orgánica del Tribunal, para que se incremente a cinco el número de magistrados y la creación de salas, la mayor capacitación del personal y una mayor eficiencia en su servicio.

Por las irregularidades anteriormente expuestas, es que la FSJ y la CONFEPIDER procederán conforme a derecho para interponer el Amparo correspondiente y con ello tratar de frenar lo que sin duda continuará afectando a los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios, en el saqueo que persiste en el IPEJAL.