Arrancó ayer formalmente el proceso de reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pero comienza mal, con una comparecencia a modo del director del Instituto ante la Junta de Coordinación Política, con lo que dan el arranque formal al parlamento abierto, según la presidencia de la Jucopo, para los trabajos de una reforma integral al Ipejal. 

Sin embargo, es importante señalar como antecedente a esta propuesta que parte de un diagnóstico sustentado en un supuesto estudio actuarial que nadie conoce y que por alguna razón no ha sido publicado, mismo que según el propio director del instituto garantiza cuatro años más de viabilidad financiera, con lo que apenas se alcanzarían 25 de los 50 años de salud financiera que prometiera la última gran reforma del 2009.

Hoy parece que la historia se repite, pues además del desconocimiento de dicho estudio actuarial, el Congreso del Estado violentó su propia ley orgánica al impedir que un partido político no participara para presidir la mesa directiva del Congreso para este nuevo período legislativo, la dedicatoria fue para el grupo parlamentario del partido Hagamos cuyos legisladores Mara Robles y Enrique Velázquez han tomado el papel de oposición al interior del Congreso y a la mayoría subordinada al Ejecutivo del Estado.

Justamente este bloqueo se da previo a procesar esta reforma supuestamente integral al Ipejal, cuidando que no se les salga de las manos ningún detalle de su plan, pues además los legisladores de Hagamos respaldan la postura de FESIJAL y su dirigente Juan José Hernández quien ya manifestó que impedirá una reforma que atente contra los derechos ya adquirido,  recordando además que al propio Juan José Hernández lo sacaron  del Consejo Directivo por ser incómodo a las decisiones del Gobernador sobre el recurso del Ipejal aprobados por la mayoría del Consejo,  particularmente de la última gran inversión en Ciudad Judicial Laboral con dinero del Instituto. 

Como la reforma de 2009 comienza con violaciones a la propia ley que regula al legislativo estatal, como una maldición parece repetirse y vaticina un engaño que ahora pretender legitimar con las representaciones sindicales a modo en un supuesto parlamento abierto.

Este primer episodio pasó sin problemas, una comparecencia con datos sin comprobar que fue aplaudida por los legisladores de todos los partidos, con excepción de Mara Robles de Hagamos quién dijo estarán listos para el análisis de la propuesta de reforma y anticipó que buscarán otorgarle la mayoría del Consejo Directivo a los trabajadores afiliados al Ipejal. Mientras las representaciones sindicales que hoy tienen una silla en dicho Consejo no han informado a los trabajadores sobre la construcción de una reforma de gran calado.

Por su parte el Secretario General de la sección 47 del SNTE no ha convocado ni al Comité Ejecutivo,  ni a la comisión extraordinaria para la reforma al Ipejal que se constituyó por exigencia de algunos miembros del actual Comité Seccional, pero ante los medios de comunicación el Secretario General le responde al gobernador que sí están a favor de la reforma al Instituto, cómo le ha dicho que sí a todo lo que han propuesto en los últimos 10 años los 3 anteriores directores y presidentes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones, algunos de ellos hoy en prisión preventiva por vinculación a proceso por fraude millonario con el dinero de los trabajadores al servicio del estado.

Sin olvidar también que es esta misma generación política la que participó en la anterior reforma que resultó ser un engaño que ha permitido diversos fraudes millonarios con el dinero de los trabajadores y que hoy se presentan como los salvadores del Ipejal con una nueva reforma que comienza con el pie izquierdo desde el Congreso Local, lo que advierte un montaje de parlamento abierto, por lo que es necesario sumar voluntades para exigir que se abra este ejercicio a los trabajadores directamente, a especialistas y a Universidades e Instituciones de Educación Superior, además de estar preparados ante la negación del poder en turno y utilizar hasta la presión social que impida consumar afectaciones a los trabajadores.  

Por Flavio Mendoza