Por realizar acciones dilatorias que lesionan los intereses y los derechos humanos y laborales de los trabajadores del DIF Guadalajara que integran el Comité Directivo del Sindicato y retrasar el cumplimiento de la restitución de sus derechos laborales, el cuerpo de abogados del SIDEDIF prepara una denuncia penal, en contra de Pilar Juana Monroy Guevara, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

La denuncia penal habrá de interponerse en la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, en contra de la titular y demás responsables del Juzgado, por asumir compromisos evidentes que han beneficiado a la directora del DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas Salomón y al alcalde de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, en el litigio que se sigue con el expediente 362/2022 en la instancia federal.

De acuerdo a lo informado por el abogado de la organización sindical, Óscar Díaz Torrejón, la jueza ha violado el artículo 262 de la Ley de Amparo en donde se advierte: “Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: “A.- Al rendir informe previo o con justificación, exprese un hecho falso o nieve la verdad…”. 

El Juicio de Amparo en cuestión, tiene que ver con la suspensión de la “licencia de trabajo con goce de sueldo” para los integrantes del Comité Directivo del SIDEDIF, que unilateralmente dictó Diana Berenice Vargas Salomón, en donde la jueza en primera instancia negó el amparo con el falso argumento de que “no había acto reclamado”, decisión que en un recurso de revisión tuvo que ser revertido por un Tribunal Colegiado que ordenó que se concediera el amparo a los trabajadores agraviados.

La falsedad de este testimonio es evidente una vez que en poder de la autoridad obra un documento mediante el que la directora del OPD Sistema DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas Salón, emplaza a los integrantes del Comité Directivo del Sindicato Democrático del DIF y a su titular, Martha Elia Naranjo Sánchez, a presentarse a las labores en la plaza originalmente asignada, desconociendo de facto la responsabilidad sindical que les asignó la asamblea de trabajadores sindicalizados del DIF Guadalajara y amenazando en el sentido de que quien no regrese a sus labores sería despedido y denunciado.

Posteriormente la jueza Pilar Juana Monroy Guevara, retrasó el cumplimiento de su obligación con el argumento de que necesitaba ver de nuevo las firmas de los demandantes, con el único fin de ganar tiempo, evitar el cumplimiento de su responsabilidad y faltar a su compromiso elemental de impartir justicia con apego a la ley.