La diputada María Padilla Romo informó en rueda de prensa que presentará ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, dos iniciativas; la primera tiene como objetivo solicitar a la Contraloría del Estado, practique una auditoría especial al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL); para que analice el estado en que se encuentra el régimen de prestación social de arrendamiento de inmuebles para vivienda y destinados para fines comerciales, industriales y de servicios; e informe a esta Soberanía los resultados.

La legisladora señaló que se ha dado a la tarea de realizar un recorrido por diversas dependencias gubernamentales para conocer el sentir de los trabajadores respecto a las inconsistencias que presenta el IPEJAL sobre este tema; los trabajadores le han manifestado su inconformidad respecto al programa de arrendamientos de inmuebles de las mil viviendas y los 15 espacios comerciales con que cuenta.

Denuncian que el proceso de subarrendamiento de las viviendas que se lleva a cabo, violenta las disposiciones reglamentarias y lesiona los objetivos del programa, ya que los departamentos son alquilados por afiliados o pensionados que viven en otra parte y los rentan a su vez, con ganancias considerables. 

Propone que la auditoría se centre en cinco puntos: se revise la lista de prelación para acceder a esta prestación; investigue si en efecto, se están subarrendando los espacios; cheque el por qué hay un 25 por ciento de cartera vencida en este programa cuando la disminución de la renta de viviendas y lugares comerciales se disminuye del salario del trabajador; indague los motivos por los que se gastan 13 mdp al año en nómina para restauración y mantenimiento de estos espacios; y por último, verifique por qué estas viviendas no están restauradas.

La segunda iniciativa plantea modificar el artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado, a fin de lograr mejores niveles de justicia tributaria en pagos al Registro Público de la Propiedad; sobre todo, en lo que se refiere a la adquisición de bienes inmuebles, ya que la diputada afirma: “no hay una lógica que parezca justa al hacer este cobro”.

De aprobarse la propuesta se establecerá un cobro estándar de 516 pesos para el registro de actos, contratos de construcciones, títulos o resoluciones judiciales; así como, para aquellos en los que se transmita la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, siempre y cuando se encuentren en un solo documento.

La legisladora refirió que actualmente se establece una contribución estatal para registrar las propiedades, construcciones o contratos ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Estos cobros van desde los 194 pesos hasta los 74 mil 469 pesos, cuyo propósito es meramente recaudatorio.