En una decisión que promete tener amplias repercusiones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado como inconstitucional el artículo 7 de la Ley de Servidores Públicos de Jalisco. Dicha legislación requería que los empleados públicos trabajasen más de 6.5 años en su puesto para obtener un nombramiento definitivo. La corte concluyó que este requisito contraviene el derecho fundamental a la estabilidad en el empleo.

Esta decisión de la Corte da la razón a Juan José Hernández Rodríguez ‘CHOCO’, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco (Fesijal), quien desde la fundación de la Federación argumentó la violación a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno del Estado al utilizar el anticonstitucional artículo 7 de la Ley de Servidores Públicos de Jalisco.

La sentencia se originó tras un fallo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, que ordenó al gobierno local reinstalar a un empleado en su puesto anterior y concederle un nombramiento definitivo. El gobierno estatal apeló este mandato, que fue inicialmente respaldado por el Tribunal Colegiado de Circuito, argumentando que el empleado no cumplía con el tiempo de servicio consecutivo en un solo cargo, como lo estipulaba el controvertido artículo.

Sin embargo, la SCJN revocó esta decisión y ratificó el derecho del empleado a la estabilidad, destacando que el requisito de seis años y medio es una medida regresiva y desproporcionada, que no solo limita innecesariamente el derecho a la estabilidad laboral, sino que también favorece prácticas discriminatorias como el nepotismo.

Este veredicto, emitido el 17 de enero de 2024 por unanimidad de los cinco ministros de la sala, entre ellos Yasmín Esquivel Mossa y Luis María Aguilar Morales, es vinculante y de observancia obligatoria a partir del 22 de abril de 2024, confirma que la lucha de ‘CHOCO’ a favor de los trabajadores siempre ha sido justa y legal.

Los expertos anticipan que este cambio en la jurisprudencia podría desencadenar una serie de demandas contra el gobierno estatal, incrementando así la presión sobre las finanzas públicas de Jalisco, ya que otros empleados en situaciones similares podrían buscar reivindicar sus derechos laborales bajo esta nueva interpretación legal.

La resolución no solo reafirma la protección al derecho de la estabilidad en el empleo para los servidores públicos, sino que también recalca la necesidad de políticas más equitativas y transparentes en la administración pública.