En una decisión histórica, el pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco ha emitido un laudo unánime a favor de 56 trabajadores de Aseo Público del Ayuntamiento de Zapopan, quienes fueron despedidos injustamente durante la administración del exalcalde Jesús Pablo Lemus Navarro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano.

Este fallo, significativo en el ámbito laboral del estado, marca un precedente en la defensa de los derechos de los trabajadores. La sentencia, emitida bajo la administración actual de Juan José Frangie Saade, ordena la reinstalación inmediata de los empleados afectados y establece una compensación económica significativa.

La Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL), encabezada por Martha Elia Naranjo Sánchez, jugó un papel crucial en la defensa de los derechos de estos empleados. Su equipo jurídico logró demostrar la ilegalidad de los despidos efectuados por la administración de Pablo Lemus, con el apoyo tácito de Juan José Frangie.

El Tribunal, en su resolución, exige no solo la reincorporación de los trabajadores sino también el pago de salarios caídos, con incrementos salariales y los intereses correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Además, el laudo incluye el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, apoyo a transporte, apoyo a despensa y las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) correspondientes al periodo afectado.

Los magistrados del TAE, Alma Georgina Ruiz Santoscoy, Lourdes Hernández Torres y Víctor Salazar Rivas, han firmado el laudo, destacando su unánime acuerdo en este veredicto.

Este caso es un claro ejemplo de la importancia de la protección de los derechos laborales y la justicia social en Jalisco. La decisión del Tribunal no solo beneficia a los 56 trabajadores directamente involucrados, sino que también envía un mensaje contundente sobre la necesidad de respetar la legalidad y la dignidad laboral en todas las administraciones municipales y estatales.