El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con representantes del sector empresarial y obrero un acuerdo para analizar y enriquecer la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que envió en semanas anteriores al Poder Legislativo con el objetivo de ordenar este mecanismo que ha derivado en abusos a los derechos de los trabajadores, afectaciones a la Hacienda pública y competencia desleal.

“Hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar a un acuerdo sobre dos temas: subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos, poniendo por delante siempre el interés general, en este caso, en beneficio de los trabajadores, de las empresas, en beneficio del desarrollo del país”, explicó.

Tras la suscripción del documento, dijo el mandatario, podrá discutirse la iniciativa mejorada y trabajada, a partir del diálogo tripartito, en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que la discusión con los sectores empresarial y obrero se ha intensificado de forma positiva para lograr el consenso sobre la regularización de la subcontratación.

En conferencia de prensa matutina, la secretaria dio lectura a los acuerdos que hoy se firmaron en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

En primer lugar, se asienta que las partes se comprometen a resolver el abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.

Como segundo punto, el esquema de reparto de utilidades no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, es necesario tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores a fin de definir un sistema de reparto de utilidades justo y equitativo, que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará el proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.

Como tercer acuerdo, señaló que ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo el proceso, por lo que se solicitó de manera respetuosa al Poder Legislativo posponer a febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.

El cuarto punto trata sobre el llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.

La secretaria informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un exhorto formal a las empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

“Este acuerdo muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y de todos en nuestro país”, subrayó la titular de la STPS.

Participaron en la firma del acuerdo, por parte del gobierno federal, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.

Del sector empresarial:

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin).

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Álvaro García Pimentel Caraza, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

Del sector obrero:

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la CROM Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Martin Rafael Diaz Covarrubias Castillón, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). Firmó por ausencia José Luis Canchola Arroyo, secretario general.

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA).

Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI). Firmó por ausencia Felipe Vázquez Tamez, secretario de Trabajo y Previsión Social.