Mantiene su postura FESIJAL respecto al proyecto de Ciudad Judicial Laboral, ¡Con el dinero de los trabajadores no!

Ante la inminente aprobación de los diputados del proyecto Ciudad Judicial Laboral, hoy en el Congreso de Jalisco, desde ayer por la tarde “La Casa del pueblo” se vio rodeada por vayas de seguridad, esperando a los manifestantes en contra del uso del dinero de las pensiones para financiar los compromisos del Gobierno del Estado.

Hoy desde temprano empezaron a llegar trabajadores afiliados a IPEJAL, con el propósito de manifestar el rechazo a la decisión por parte de los diputados afines al gobernador de aprobar el convenio de arrendamiento por 20 años, que deja una utilidad mínima por financiar un proyecto del que el gobernador Enrique Alfaro no se ha querido hacer responsable.

Así, a lo largo del día, fueron cientos de manifestantes que se acercaron a la zona donde los liderazgos de la FESIJAL tenían unas bocinas y micrófono, dando oportunidad de hablar a quienes deseaban expresar su descontento.

En voz de los manifestantes se escuchó una y otra vez: construir Ciudad Judicial Laboral, ¡Con el dinero de los trabajadores no!

Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de FESIJAL, expresó respecto al voto de funcionarios públicos que favorecieron la construcción de Ciudad Judicial Laboral en el Consejo de IPEJAL: “Soy consejero en pensiones del Estado, uno de los seis, y fui el único voto en contra para esta inversión. Yo represento a 88 mil trabajadores y el día de hoy los sindicatos nos estamos manifestando en contra porque venimos a ratificar nuestra negativa de que inviertan con el dinero de los trabajadores. La Ciudad Laboral es responsabilidad del Estado y la Secretaría del Trabajo crearla”.

Al revisar lo dicho por el líder de FESIJAL, lleva a pensar, ¿Por qué el gobierno de Jalisco nunca consideró en su presupuesto la construcción de Ciudad Judicial?

Con el voto de los diputados el día de hoy, se mantiene la costumbre de usar como caja chica al IPEJAL, usando dinero de las pensiones para financiar responsabilidades del gobierno del estado.

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