Por Salvador Carrillo García

En pleno proceso electoral y consciente de su influencia en el mismo, el presidente de la República presentó una serie de reformas constitucionales y legales ante el Congreso de la Unión con el fin de cerrar su gobierno, aunque aceptando que podrían retomarse posteriormente. Para algunos se trata de una manera de participar en la elección sin estar en la boleta, mientras que para otros es blindar su proyecto de Nación ante posibles cambios en el enfoque del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Como ya se apuntó, las condiciones actuales en la conformación de ambas cámaras complican la aprobación de las iniciativas, algunas de ellas recicladas, como las de la elección de ministros del Poder Judicial o el llamado “plan b” electoral que ha sido derrumbado precisamente por la Corte, otras que atienden a agendas de izquierda y que legítimamente serían provechosas a lo largo del sexenio y no de manera apresurada a meses de su término, como la del maltrato animal, el reconocimiento de pueblos originarios (que ya aparece en el texto constitucional) o la prohibición de minería al aire libre y concesiones en este sentido a empresas, sino a personas, reivindicando la propiedad de las tierras en comuneros y protegiéndola de los intereses internacionales. Aunque recordemos que en esta última ecuación se debe contemplar la aplaudida y olvidada Litio MX.

Pero de entre todas, tal vez la más atractiva es la de las pensiones, en que se busca que los trabajadores se retiren con el cien por ciento del monto de “su último sueldo” y, de manera tramposa ha impactado a propios y extraños. El diablo está en los pequeños detalles. La reforma establece que se dará un tope de 16.777,78 pesos mensuales, que, de acuerdo a datos del IMSS, es el promedio del sueldo de los trabajadores que cotizan. Los beneficiarios de dicha enmienda serían aquellos que se retirarían por debajo de esa cifra y el gobierno, en algo similar a un subsidio, completarían este monto. Las personas que pasen este promedio se quedan igual.

Por ejemplo, si alguien se retira y comienza a recibir una pensión de 8 mil pesos, el gobierno federal le daría los 6,777.78 restantes para alcanzar el promedio, si alguien obtendrá 16 mil, solamente se “completaría” con los 777.78 pesos restantes. La idea parece atractiva y para fondearla, la Secretaría de Hacienda constituiría un “Fondo de Pensiones para el Bienestar” directamente en el Banco de México. Este fondo equivale a unos 64 mil millones de pesos y se actualizaría cada año, al igual que el sueldo promedio que determinaría los beneficiarios. El problema es que estos 64 mil millones de pesos alcanzarían, según proyecciones, para medio millón de personas, de los 6 millones de pensionados, que se integrarían durante el primer año, sin contar lo que se destina al resto, que ya absorbe una quinta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y sin contar a todas aquellas personas que cada año se acerquen a la edad del retiro. La gran pregunta es de dónde se obtendrán los recursos para sostener este sistema que se combinará con los dos existentes, el de la ley de 1973 que corresponde al IMSS y el de la ley de 1997 que opera bajo las AFORES y en el que se cotizaba con el 6.5% del sueldo y a partir de una reforma de 2020, el 15%. Nos enfrentamos a un mercado laboral en que la fuerza productiva no necesariamente permanece en la formalidad y mucho menos cotiza lo que le corresponde, incluso los jóvenes se encuentran en un esquema de vulnerabilidad de sus derechos laborales donde carecen de prestaciones y cuyo principal síntoma se encuentra en el acceso a la vivienda.

La pirámide poblacional cambió en los últimos años y lejos estamos de aquellas cándidas y felices cifras en que México era un país de jóvenes, el llamado “bono demográfico” de ese entonces no contó con las condiciones laborales para mejorar la economía nacional y enfrentar así una crisis de pensiones que desde entonces ya se proyectaba y de la que simplemente no supimos aprovechar.

Sin embargo, el debate contribuye a visibilizar el grave problema que se ha volcado sobre la vida pública. En verdad es algo que debe de tratarse lo antes posible y que constituye una crisis económica y de seguridad social de carácter global, no sólo México sino todo el mundo está envejeciendo y en días de un capitalismo voraz y una severa explotación laboral agravada por la vulneración de derechos, el futuro, que está a la vuelta, nos demanda, para los que estuvieron antes que nosotros, nosotros mismos y los que vienen, un retiro digno.